sábado, 25 de febrero de 2012

Iberdrola se quita la máscara verde
Hace unos años, la mayor eléctrica española, Iberdrola, realizó un enorme esfuerzo propagandístico, un profundo lavado de cara, para presentarse como una empresa verde. La eléctrica de las tres hojitas se esforzaba en asociar su imagen a la de “energía verde” y en vender su eslogan de “queremos ser tu energía”.

Desde Greenpeace ya advertimos en su momento que, aunque era cierto que Iberdrola estaba invirtiendo en energías renovables y llegó a ser el mayor promotor eólico mundial, la realidad era que la mayor parte de las inversiones realizadas por la empresa seguían destinándose a energías sucias.

Iberdrola, además de ser la mayor propietaria de centrales nucleares de nuestro país, y de quemar carbón en varias centrales térmicas, se embarcó en una desaforada ola de construcción de centrales térmicas de gas, los llamados “ciclos combinados”, que han dado lugar a una auténtica “burbuja de gas”. Como resultado, ahora en España tenemos muchas más centrales generadoras de electricidad de las que se necesitan, y como no todas pueden estar funcionando siempre porque no hay tanto consumo de electricidad, muchas de ellas se quedan paradas sin que las compañías eléctricas las puedan rentabilizar.

La conclusión lógica ante una situación en la que hay centrales que sobran sería: cerremos las peores. Ya no hay excusas para mantener abiertas las centrales nucleares, y mucho menos para alargarles la vida como pretende este gobierno, y muchas de las centrales térmicas, empezando por las de carbón, se podrían ir cerrando, evitando así una gran cantidad de emisiones de CO2.

Pero no, lo que nos dice la empresa supuestamente verde es que de lo que hay que prescindir es de las energías renovables. Sus argumentos son tan falsos como hipócritas. Las renovables que antes eran rentables ahora resulta que son carísimas. Las mismas renovables que Iberdrola construyó en España y sigue construyendo en otros países donde su Gobierno sí quiere que se hagan, como Estados Unidos, ahora resulta que en España no se deben hacer.

¿Por qué? Pues muy sencillo: porque muchos de los proyectos que actualmente hay previstos de energías renovables en España no son de Iberdrola. Y porque cuanta más energía renovable se produzca, más tiempo paradas pasarán las centrales térmicas de Iberdrola.

Estamos ante un flagrante conflicto de intereses. Los de las eléctricas con sus energías sucias, que quieren mantener a toda costa, y los de la sociedad, que para sobrevivir al cambio climático necesita que esas energías sucias sean sustituidas urgentemente por renovables.

Que no nos engañen tratando de culpabilizar a las renovables del “déficit de tarifa”, cuando acaban de anunciar unos beneficios de 2.805 millones de euros. Que dejen de mentir, porque sus mentiras no nos las tragamos, aunque vergonzosamente el Gobierno español se las está tragando todas.

Y sobre todo, que no esperen que nos quedemos cruzados de brazos ante las presiones y las falacias que, estamos seguros, no han hecho más que empezar.
Jose L. García Ortega (@jlgarciaortega), responsable de la campaña de Energías Limpias de Greenpeace

sábado, 18 de febrero de 2012

Una buena ley mal aplicada
El respeto a los procesos ecológicos no es un freno al progreso. La Ley de Costas debe completarse; no reformarse

En los últimos días se ha hablado mucho sobre la Ley de Costas. Desde el movimiento ecologista queremos manifestar nuestro apoyo a una ley que, a la vista de la situación actual, debería ser reforzada y no rebajada. La Ley de Costas es la mejor garantía para salir de esta crisis económica sin sacrificar el delgado tramo de nuestro territorio que proporciona innumerables servicios naturales, como por ejemplo la defensa contra los temporales, y que nos proporciona un 10% del PIB.
Sin embargo, desde que comenzó a aplicarse, la ley se ha enfrentado a poderosos detractores: aquellos que solo ven en la franja costera una gran parcela a urbanizar, o aquellos que han sido víctimas de la desidia y arbitrariedad con la que muchos ayuntamientos, comunidades autónomas y las propias demarcaciones de costas han jugado a su antojo.
Con la entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988, se dio un paso muy importante en la conservación de los recursos naturales. La nueva ley establecía claros límites al proceso de desfiguración que desde la década de los 50 se había iniciado en la costa, haciendo patente el uso público de la costa para todos los ciudadanos. El servicio público del litoral aparece ya recogido en el artículo 132 de la Constitución española.
Los deslindes realizados hasta ahora están ratificados por sentencias del Tribunal Supremo
La Ley 22/1988 de Costas establecía un plazo de cinco años tras su entrada en vigor para completar el deslinde –la delimitación cartográfica- del Dominio Público Marítimo Terrestre. Sin embargo, transcurridos más de cuatro lustros, el proceso aún no se ha completado. Este dato es fundamental para entender por qué no se puede ahora poner en duda la ley, ya que supondría tirar por la borda el ingente trabajo de la Administración pública para delimitar más del 90% de los 8.000 kilómetros del litoral. Estos deslindes, además, están ratificados por sentencias firmes del Tribunal Supremo, órgano que ha confirmado la legalidad de la actuación de la Administración a lo largo de sus 24 años.
Además, la Ley de Costas, en sus disposiciones transitorias, salvaguarda los derechos de quienes contaban con derechos legítimos, dando el nada desdeñable plazo de 30 años prorrogables otros 30 para buscar otra ubicación al gran número de industrias altamente contaminantes que se asientan en la costa. No existe, pues, inseguridad jurídica o limitación desproporcionada sino, más bien, garantías y soluciones equilibradas aceptadas por el Constitucional.
La reforma que ahora se anuncia no es el primer intento de descafeinar la protección de la costa. En 2002 el Gobierno de Aznar introdujo varios cambios en la ley -escondidos en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales – que fomentaban la ocupación más completa del litoral, llegando a autorizar construcciones a tan solo 20 metros del mar y favoreciendo los planes urbanísticos de los ayuntamientos. Después, el Gobierno de Zapatero también modificó la norma a través de segundas como la Ley de Economía Sostenible. Y ahora, con el cambio de Gobierno, se anuncia una “profunda reforma”.
Para mejorar la competitividad no hace falta modificar la Ley de Costas, sino gestionar de forma integral los usos en el litoral
En lugar de perseguir a quienes se enriquecieron gracias a la corrupción y los desmanes urbanísticos, se deja entrever un escenario de continuidad que daría por bueno el beneficio privado y la búsqueda de soluciones a medida, dejando en segundo plano el provecho que nos reporta una costa al servicio de todos. El peligro con esta reforma es que se premie a quienes se guían por la especulación. Existen multitud de ejemplos, como el del famoso hotel ilegal de El Algarrobico, construido a menos de 20 metros de la costa.
Desde Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideramos que la aplicación de la Ley de Costas tiene que ser estricta, sin rebajas, eliminando las construcciones ilegales y compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión administrativa (estudiando caso por caso). La mejor política que se debe ejecutar es favorecer la conservación del entorno. Un estudio del propio Ministerio de Medio Ambiente considera que la costa española puede producir hasta 7.745 millones de euros anuales si se mantiene un estado de conservación favorable. Para mejorar nuestra competitividad económica, sobre todo la turística, no hace falta modificar la ley, hay que gestionar de forma integral todos los usos en el litoral.
El respeto a los procesos ecológicos no es un freno al progreso, es el camino para salir de la crisis. Además, no se lo pueden permitir ni dunas ni albuferas ni calas. Pero tampoco se lo pueden permitir ni la industria turística ni las pesquerías artesanales, y mucho menos los pueblos costeros y sus paseos marítimos, que ven peligrar la seguridad ciudadana por la previsible subida de nivel del mar y las inundaciones y avenidas debido al cambio climático. En España se han destruido en 20 años el equivalente a ocho campos de fútbol al día en la costa. Y la situación en insostenible. Con la vista puesta en el futuro de este país, la reforma de la Ley de Costas sería el peor de los mensajes porque ya hemos aprendido que el ladrillo no es la solución.
Mario Rodríguez Vargas es director ejecutivo de Greenpeace. Francisco Segura Castro es coordinador de Ecologistas en Acción. Firman también este artículo las organizaciones Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife y WWF.

sábado, 4 de febrero de 2012

Dí no al parón de las energías limpias firmando en http://actuable.es/peticiones/no-al-paron-las-energias-limpias
Las energías renovables son esenciales por ser sostenibles, mitigar el cambio climático y crear empleo

El Gobierno ha apostado por las energías sucias convencionales con la excusa de resolver el déficit tarifario al aprobar el Real Decreto-ley 1/2012 de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
Esta decisión solo beneficia a las grandes compañías eléctricas y anima a seguir quemando combustibles fósiles o a seguir usando las peligrosas centrales nucleares. Para reducir el déficit tarifario existen muchas otras medidas que se podrían llevar a cabo sin perjudicar al desarrollo de las energías limpias:
• Quitar las ayudas al carbón
• Eliminar los pagos por capacidad
• No permitir los beneficios caídos del cielo que disfrutan las centrales nucleares e hidroeléctricas
Las energías renovables son las únicas con futuro y es un sector que en España cuenta con numerosas empresas y trabajadores altamente cualificados. Se podrían crear 300.000 empleos en el sector de las renovables y cerca de un millón en el de los servicios energéticos para 2020
Actúa y exige al Gobierno que rectifique y que facilite el desarrollo de un marco legislativo estable para cambiar a un modelo energético basado en renovables.
AL FIRMAR LA PETICIÓN ESTARÁS ENVIANDO ESTA CARTA
DESTINATARIO: JOSÉ MANUEL SORIA, MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO DE ESPAÑA
Sr. Ministro,
La aprobación del Real Decreto-ley 1/2012 de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos, supondrá un parón en el desarrollo de las energías renovables en España.
Esta decisión solo beneficia a las grandes compañías eléctricas y anima a seguir quemando combustibles fósiles o a seguir usando las peligrosas centrales nucleares.
Para reducir el déficit tarifario existen muchas otras medidas que se podrían llevar a cabo sin perjudicar al desarrollo de las energías limpias, como eliminar las ayudas al carbón, los pagos por capacidad o los beneficios caídos del cielo que disfrutan las centrales nucleares e hidroeléctricas.
Las energías renovables son las únicas con futuro y es un sector que en España cuenta con numerosas empresas y trabajadores altamente cualificados. Se podrían crear 300.000 empleos en el sector de las renovables y cerca de un millón en el de los servicios energéticos para 2020
Por ello es necesario que el Gobierno rectifique y que facilite el desarrollo de un marco legislativo estable para cambiar a un modelo energético basado en las energías renovables.
Atentamente.